Dinero y joyas a cambio de sacarla de un residencia para cuidarla: Juzgan a un matrimonio por estafar a una anciana
La conoció en la residencia en la que trabajaba en 2012 y desde entonces se fue ganando su confianza hasta el punto de prometerle que la sacaría de ese centro para atenderla junto con su marido. De esta forma fue consiguiendo sumas de dinero y joyas de la víctima durante varios años. Así considera la Fiscalía que actuó, presuntamente, un matrimonio formado por Laura F.B., de 64 años, y Alfredo H.B., de 68 años, los dos de nacionalidad argentina para los que pide una pena de 4 años de cárcel y multa de 3.600 euros por un delito de estafa. El juicio se celebrará el mes próximo en la Audiencia de Barcelona
El escrito fiscal indica que en noviembre de 2012, la víctima, nacida en 1933, ingresó en una residencia de la tercera edad de Barcelona en la que trabajaba la procesada en el turno de noche. Por eso considera que pudo averiguar que la anciana “era poseedora de una buena situación patrimonial y que la misma disponía de dinero en efectivo, así como joyas de relvante valor económico”. Por eso “prevaliéndose de su actividad profesional y de la información que había extraído, la acusada concibió un plan junto a su esposo”, el otro procesado que no trabajaba en la residencia, para presuntamente ganarse la confianza de la víctima y así “obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito” y poder hacerse con dinero en efectivo y joyas.
Entre los años 2017 y 2018, la procesada empezó a tener más contacto con la anciana y le hizo “pensar que estaría mejor atendida junto a ella y su esposo”, por lo que le contó que se iban a comprar una casa nueva con jardín fuera de la ciudad “y que se ella les ayudaba económicamente a dar una entrada para adquirir la referida vivienda se la llevarían a vivir con ellos en un entorno mucho más gratificante”. La Fiscalía indica que la víctima se ilusionó con esta posibilidad y entregó joyas a los acusados ya que confiaba más en ellos.
Los acusados también sacaron a la víctima de la residencia para llevarla al banco en varias ocasiones para sacar 28.000 euros mientras mantenían “en ella viva la falsa ilusión de ir a vivir con ellos en su nueva casa”. En mayo de 2018, los acusados llevaron a la mujer a una notaría para que les diera poderes generales sobre su patrimonio, aunque a ella le contaron que “únicamente eran necesarios para que pudieran hacer trámites sencillos y que en ningún caso iban a ir destinados a poder llevar a cabo movimientos en sus cuentas bancarias”, indica el escrito fiscal. Añade que este argumento era “totalmente mendaz” ya que se quedaron sus cartillas y otros documentos “no llegando nunca a cumplir con las promesas” que hicieron a la mujer.
Tanto la residencia como el nieto de la víctima descubrieron los hechos tras la visita al notario por lo que requirieron a los acusados para que devolvieran joyas, documentos y dinero. Además se revocó el poder notarial. Durante un mes, los acusados fueron entregando cantides, documentos y objetos valiosos de la víctima menos 3.000 euros y varias joyas como un reloj de pulsera de oro macizo, varias pulseras de oro y perlas, pendientes, colgantes y anillos de oro con piedras preciosas. Todo suma unos 3.500 euros.
Por eso, la Fiscalía reclama que le devuelvan a la víctima estos objetos y la cantidad de dinero que faltan además de pedir prisión por estafa para el matrimonio procesado. Y es que más allá del delito les afea haber jugado con la ilusión de la víctima cuando se encontraba en la residencia.
Tracemark, joyas con garantías
El mercado del oro y el diamante siempre ha estado bajo sospecha por las extracciones mineras que atentan contra los derechos humanos de los trabajadores y el medio ambiente. Con el objetivo de combatir estas prácticas y mejorar la reputación del sector, la empresa Tracemark ha lanzado al mercado una novedosa tecnología que a través de un sistema de trazabilidad asegura que la joya cumple con criterios éticos y sostenibles desde su extracción a la venta final. El consumidor puede comprobarlo a través de un código QR que despliega un documento donde se exponen todas las fases de elaboración de la joya auditadas por un profesional del sector.
La idea de negocio es de la familia Serret, dueña de la empresa barcelonesa Facet, especializada en la fabricación y venta de joyas de alta gama desde el 2005. La familia constituyó Tracemark el año pasado con un capital social de 600.000 euros. La mayoría fue aportado por la familia Serret y otra parte por el joyero francés André Messika.
Empresa La compañía ha sido fundada por los dueños de la empresa joyera Facet, que factura 14 millones de euros
En un año, la compañía ha logrado captar cuatro clientes, entre ellos las marcas Tous y Verone. “Tenemos el objetivo de cerrar al año con seis clientes y una facturación de 100.000 euros”, comenta Berta Serret, directora general del negocio e hija de Josep Miquel Serret, el fundador de Facet.
El modelo de negocio de la plataforma se basa en la venta de la tecnología a fabricantes y marcas de joyería. Serret comenta que el gran reto de la empresa es convencer a la industria para cambiar su red de proveedores hacia empresas validadas por auditores. El interés, dice, es grande porque el consumidor cada vez está más concienciado sobre cuestiones éticas y medioambientales. De hecho, el oro que valida Tracemark debe ser 100% reciclado, asegura Serret.
Lee también Josep Miquel Serret, un veterano del comercio de oro y diamantes Blanca Gispert
Más allá de Tracemark, la industria joyera vive un año de recuperación tras la caída durante el primer año de pandemia. En el caso de Facet, la familia prevé pasar de facturar de 14 a 25 millones de euros este año, situándose incluso por encima de los niveles prepandemia gracias a la recuperación del mercado exterior (Estados Unidos, Francia y Alemania), que representa el 80% de sus ventas. Además, la empresa ha invertido un millón de euros en la apertura de una fábrica en Córdoba, una ciudad con tradición histórica en el sector. “Hemos creado 68 puestos de trabajo y en total, ya superamos holgadamente los 300. En la fábrica de India damos trabajo a 250 personas, en Barcelona a unas 80, en Estados Unidos, 12, y en Alemania, a seis”, comenta Josep Miquel Serret.
Investigan a funcionarios de la PDI por supuesto tráfico de joyas y relojes en Santiago
Un número aún determinado de detectives esta siendo investigado al interior de la PDI por un supuesto tráfico de joyas y relojes que venían del extranjero, situación que fue denunciada al Ministerio Público.
Mientras el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, valoró la autodenuncia de la policía civil, el director general de la institución, Sergio Muñoz, lamentó que la información se supiera antes que terminara la investigación.
De acuerdo a los antecedentes que se conocen, los detectives involucrados realizaban el tráfico de relojes y joyas de alto valor para posteriormente entregárselos a los comerciantes de diferentes zonas de Santiago.
La situación habría sido denunciada por la misma Policía de Investigaciones al Ministerio Público, quienes comenzaron a indagar el caso a través del Departamento de Asuntos Internos para relacionar los hechos con los detectives señalados en este delito.
Al respecto, el ministro Delgado valoró el trabajo de la PDI y que hayan sido ellos mismos lo que a través de una investigación interna se hayan denunciado ante la justicia.
Asimismo, el director general de la policía civil, Sergio Muñoz, se refirió al hecho lamentando que dicha información se filtrara antes de terminar la investigación.
Recordemos que la institución se ha visto cuestionada, principalmente tras lo sucedido con el caso del homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco durante un procedimiento en la comuna de La Granja, en la región Metropolitana.
Esto último, luego que tres funcionarios fueran suspendidos por su eventual responsabilidad en el crimen de la joven policía.
A esto se suma además el complejo panorama judicial que enfrenta el ex director general, Héctor Espinoza, quien fue querellado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos.
La acción penal buscará determinar las eventuales responsabilidades relacionadas con la sustracción de los fondos reservados manejados por el ex director, como asimismo las falsificaciones documentales verificadas al rendir cuenta de los mismos.